Leydi Carolina Ardila Pineda
Ilustraciones de: Maria José Porras Sepúlveda
La labor campesina se ha visto fuertemente afectada por las políticas neoliberales que rigen hoy la economía global, y que se encargan de enmascarar los procesos de producción y a todos los sujetos que intervienen para que la zanahoria, la papa, la cebolla y el tomate lleguen a la mesa de cada casa. El auge de la virtualización de los procesos económicos, del mercado libre y de los tratados de libre comercio ha desligado al país de su origen agrícola, con lo que las inversiones no llegan a favorecer de forma directa a la población campesina. Por tanto, es necesario pensar en alternativas económicas para el campesino y la campesina colombiana, en el marco de un periodo lento pero gradual hacia el posconflicto y en sintonía con la tendencia ecologista en América Latina.
Además de los problemas históricos por el conflicto armado nos enfrentamos al problema de la desigualdad en riqueza y tierras que no solo es alarmante a nivel nacional sino mundial. La pérdida de territorios por parte de poblaciones indígenas y campesinas y la gradual adaptación del país al neoliberalismo ha ocasionado importantes problemas económicos para los pequeños productores, pues son cada vez más las importaciones de alimentos al país, y cada vez menor la producción agrícola nacional que beneficia a quien trabaja la tierra, esto se traduce en la forma más extrema de pobreza: el hambre.
La carencia de alimentos básicos para una vida saludable es quizá una de las aristas más importantes en el problema de la pobreza, y resulta aún más lamentable cuando son las zonas rurales que producen la comida las que sufren las consecuencias de la corrupción en el proceso de producción y distribución de los alimentos que garantizan la nutrición de todo un país. Es claramente paradójico que se padezca hambre en un país agrícola, a su vez, es indicador de la organización inequitativa de los recursos. Según el Informe del Ministerio de Salud y Protección social & ONU la subalimentación se define como la aproximación a la cantidad de personas que no consumen el alimento necesario para satisfacer sus necesidades y llevar una vida activa. A partir de esta definición el Ministerio concluye que en el periodo 2012-2014 hubo 5,1 millones de personas padeciendo hambre en Colombia, además, confirma que la pobreza es visiblemente alta en el área rural (del 41,4%) y en ciudades como Quibdó (46,2) y Riohacha (42,4%), ubicadas en la periferia del país. Como si fuera poco los datos demuestran el movimiento progresivo hacia la dependencia alimentaria, pues se ha presentado un mayor nivel de dependencia a las importaciones, especialmente, a los cereales (principalmente trigo y maíz) por lo que el país “ha perdido más de la mitad de autosuficiencia en estos productos”.
En sincronía con la visión neoliberal, y reconociendo los retos que supone la pobreza mundial, aparece la Seguridad Alimentaria, que nace con el propósito de sufragar el acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan las necesidades alimenticias. A nivel nacional se ha contemplado todo tipo de estrategias que permitan el desarrollo económico y social en el marco de las políticas de la Seguridad Alimentaria. Entre los ejemplos más notables está la promoción de agroindustrias y la firma del TLC, que provocó una disminución de ingresos del 70% para los pequeños productores en Colombia.
Una política basada en la Seguridad Alimentaria sigue presentando importantes barreras para el campesinado colombiano puesto que prima el desarrollo económico, la competitividad y el enfoque productivista. En cambio, encontramos propuestas o ‘contra narrativas’ como la Soberanía Alimentaria que busca devolver al pequeño productor la autonomía sobre el primer eslabón de la producción agrícola: la semilla. La Soberanía Alimentaria busca fortalecer la economía campesina, defender los derechos territoriales de los grupos étnicos, reivindicar el papel de la mujer y establecer medidas para la protección del medio ambiente.
El reto es adecuar este modelo en Colombia, pues es necesario y urgente mejorar las condiciones de vida de los campesinos. La desigualdad tiene un importante peso histórico en las luchas del siglo pasado sin embargo su reparación no solo se subsana con la restitución de tierras sino con la creación de políticas públicas realmente conscientes de la situación del campesinado y del medio ambiente. Esta época de gradual progresión hacia un posconflicto debe significar para el pueblo campesino la oportunidad no solo de recuperar su patrimonio sino de encontrar nuevas posibilidades y alternativas que se opongan a las grandes industrias capitalistas, y que permitan una mejora en la calidad de vida basada en procesos de producción a pequeña escala, sustentabilidad ambiental y preservación de conocimientos ancestrales.
Este cambio comienza en la ciudad y con el ciudadano, pues sus hábitos y modos de consumo influyen notablemente en las condiciones de vida del campesinado colombiano y en el auspicio del gobierno de las políticas neoliberales. Es necesario reconocer desde lo que compramos y cómo lo compramos la importancia de la soberanía alimentaria para los campesinos, y apoyar alternativas económicas y ecológicas para hacer sustentable y digna la vida en nuestro país.
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