Las dos caras de la desgracia

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Una columna de opinión escrita por: Sebastián Quintero

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¿Por qué mataron a mi hijo? ¿Dónde está mi hermano? Mi padre fue a trabajar y nunca volvió. Mi madre nos dejó el dinero del desayuno y no la volvimos a ver. ¿Eran culpables? ¿De qué? ¿Merecían morir y dejar un vacío en la vida de sus familias? Así, tantos relatos dolorosos, tantas preguntas y víctimas. La guerra en Colombia ha sido el episodio más tortuoso y largo de la historia del país. La cantidad de muertos y desaparecidos asciende a miles. Posiblemente, ninguna familia colombiana ha estado exenta de sufrir los horrores de un conflicto que ninguno de nosotros pidió, pero que todos debimos sufrir.

Entre los cientos de aristas que ha generado el conflicto, existe una que es sencillamente inhumana, que es horripilante para todo aquel que la conozca e infernal para quienes la vivieron. Los “falsos positivos”, hechos donde soldados del ejército nacional, influenciados por la práctica del body counting (ganar la guerra basándose en el recuento de bajas), asesinaron a sangre fría a miles de jóvenes inocentes para hacerlos pasar como bajas en combate pertenecientes a la guerrilla de las FARC. Según informes de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la cifra de víctimas civiles que fueron presentadas como combatientes de la guerrilla, es de aproximadamente 6.402. Sí, más de mil seres humanos asesinados a lo largo de 6 años. 

Ahora bien, los vacíos que existen respecto a estos crímenes son varios y las preguntas, aún más. Pero hay dos posturas que deberíamos profundizar y analizar detalladamente: ¿Todas las órdenes fueron exclusivamente dirigidas por el ejército? O, ¿existió una orden desde lo más alto del Gobierno Nacional de la época, es decir, desde el presidente como jefe máximo de las fuerzas armadas? De ser así, ¿por qué el gobierno permitió que se cometieran estas masacres? Y de no ser así, ¿por qué no castigaron a estos militares cuando tuvieron la información? 

Pongámonos en situación. Entre 2003 y 2008, la guerra había llegado a un punto tan fuerte que recordaba a la violencia desatada por Pablo Escobar en los 80´s. El Gobierno de la época, inició la famosa Seguridad Democrática, una política de Estado que consistía en dar baja a la mayor cantidad de efectivos de las FARC que fuera posible. Basándose en las maneras hechas durante la guerra de Vietnam, el body counting fue usado como la manera más efectiva de demostrar los “buenos” resultados del Ejército. Prueba de esto es el General Mario Montoya Uribe, excomandante del ejército e imputado hace poco por la JEP debido a su responsabilidad en los falsos positivos. Él, decía en sus discursos de aliento al ejército, que quería “canecas, ríos y carrotancados de sangre”. Incluso en alguna oportunidad dijo: “Quiero ver estadios llenos de muertos” y que debían primar las bajas antes que las capturas. Esto ha sido confirmado por varios soldados que estuvieron bajo su mando.

 

¿El entramado de esta política de Estado fue mal utilizado por los altos mandos militares para asesinar a personas inocentes y aumentar sus números en el body counting? Sí. Así pues, entramos a detallar la responsabilidad del Gobierno. Si el Presidente es el jefe máximo de las fuerzas militares y el comandante en jefe, entonces debería conocer las acciones de todos sus activos. De hecho, sabemos que conocían estas acciones de presentar muertes a mansalva, ya que, gracias a esto, muchos de los soldados y funcionarios al interior del ejército eran recompensados con dineros, cargos o medallas, y quienes no cumplían con su “cuota” de bajas eran castigados, degradados o incluso retirados de las fuerzas militares. 

Pero sí habían sospechas, varios funcionarios de Derechos Humanos manifestaron su preocupación de la extralimitación que tenían los militares y de que muchas personas que estaban siendo presentadas como guerrilleros, aunque no lo fueran. Eran personas que no tenían nada que ver. Campesinos, estudiantes o población civil. Entonces, si el Gobierno sabía que estos delitos de lesa humanidad ocurrían, ¿dieron ellos la orden?

Si la respuesta es sí, significa que el Estado incurrió en un crimen sistemático y aceptado donde hacían pasar a civiles como bajas en combate, mostraban una pantalla y tras de ella, solo dañaban a familias y perpetuaban el horror de la violencia y la muerte. Aseguraríamos que quienes gobernaban este país en esos tiempos, aceptaron y promovieron un intercambio de muertos a cambio de medallas y puestos. Estaríamos afirmando que el Gobierno volvió el genocidio un negocio y se lucró de él, tanto económica como moralmente, aumentando el valor político y emotivo de las fuerzas militares. Cuesta pues pensar que, tanto el Presidente como sus ministros y altos mandos desconocieran en su totalidad que estos crímenes estaban ocurriendo.

Ahora vamos a darle vuelta a la moneda, vamos a cambiar completamente de paradigma y decir que la respuesta es no. Nadie dio la orden. Todo fue un conflicto exclusivamente al interior de las fuerzas militares, sin conocimiento del Gobierno ni el presidente. Resulta entonces lógico pensar que, en un Estado bien estructurado y justo, alguien debería pagar. Y qué, en cuanto el máximo comandante del Ejército se enterará de las masacres que cometían sus pares, castigaría a esas manzanas podridas y permitiría que el país no perdiera la esperanza en sus instituciones. Pero no fue así, para 2008, solamente habían sido citados 11 coroneles y 3 generales. Solo 14 funcionarios. Y ninguno para acusar, todos solamente para indagar.

Entonces debemos resolver esta intrincada situación. Pero, al fin y al cabo, es algo que cada uno debe hacer con base en sus conocimientos y haciendo autocrítica a su propio Gobierno. Por mi parte, creo que al menos existe una responsabilidad moral. Es difícil creer que un ejército, cuya existencia se basa en cumplir órdenes, no siguieran unas. Y quizás porque no les dijeron “maten civiles”, pero sí, “maten y regresen con bajas”. En mano de ninguno de nosotros está alguna resolución jurídica, ni más faltaba. Pero sí podemos pensar en la responsabilidad en términos éticos de las dos partes, y desde allí cuestionar: ¿Llegamos al punto cínico en que un Gobierno es tan inútil que no sabe que pasa dentro de su propia casa? O, ¿Llegamos al punto maquiavélico que permite el todo vale y el jugar a Dios solo para mantener felices a unos pocos? Solo el tiempo nos dirá, y solo nosotros resolveremos cual de las dos posturas es peor.